En base al dictamen del Ministerio Público Fiscal, la jueza Zunilda Niremperger desestimó por inexistencia de delito la investigación por los supuestos pedidos de retornos y aportes obligatorios a empleados y prestadores de organismos nacionales. La resolución alcanza al titular de La Libertad Avanza en el Chaco, Alfredo ‘Capi’ Rodríguez, y al excoordinador administrativo del PAMI y tesorero de LLA Chaco, Alfredo Moreno. Rodríguez continúa procesado en la causa principal por las presuntas afiliaciones apócrifas al partido libertario.
La Justicia Federal de Resistencia desestimó la investigación que buscaba determinar si dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en Chaco habían extorsionado a empleados públicos y prestadores del PAMI y la ANSES para obtener aportes económicos o garantizar la continuidad de contratos y cargos.
Según pudo saber LITIGIO, la decisión fue adoptada por la jueza federal 1, Zunilda Niremperger, mediante una resolución firmada el martes. El fallo hizo lugar al pedido del abogado defensor, Zacarías Isolio, quien había solicitado que se retiren las imputaciones. La magistrada se basó fundamentalmente en el dictamen del Ministerio Público Fiscal que luego de producir distintas medidas de prueba concluyó que los hechos denunciados no configuraban el delito de extorsión ni otra figura penal.
La medida beneficia al presidente de LLA en Chaco y titular regional de ANSES, Alfredo ‘Capi’ Rodríguez, y al excoordinador administrativo del PAMI y tesorero de LLA Chaco, Alfredo Moreno, quienes habían quedado bajo la lupa a partir de una investigación derivada del expediente principal por las presuntas afiliaciones truchas al partido libertario.
El expediente se inició en agosto de 2025 como una derivación de la investigación por las presuntas irregularidades en la conformación del padrón de La Libertad Avanza en el Chaco.
En esta nueva arista se intentó establecer si había existido un esquema mediante el cual empleados de ANSES y PAMI eran presionados para entregar alrededor del 10% de sus salarios a referentes partidarios, bajo la amenaza de perder sus puestos o de no acceder a ascensos. La causa surgió de oficio tras la difusión de informes periodísticos realizados por los canales porteños de noticias TN y A24.
También se investigaron supuestos pedidos de retornos de hasta el 20% a prestadores médicos, entre ellos instituciones vinculadas al PAMI, a cambio de mantener contratos con el organismo. La hipótesis contó con testimonios y denuncias que señalaban a dirigentes del espacio libertario como responsables de una estructura de recaudación partidaria.
Sin embargo, tras avanzar con la investigación, el Ministerio Público Fiscal concluyó que no logró acreditarse uno de los elementos centrales del delito de extorsión: la utilización de violencia o intimidación para obligar a otra persona a entregar dinero.
Sin extorsión acreditada
Uno de los elementos analizados por la Justicia fueron las transferencias de dinero realizadas por empleados y dirigentes hacia referentes partidarios y fundaciones vinculadas al espacio libertario.
Si bien la existencia de esos movimientos económicos fue corroborada durante la investigación, la Justicia consideró que no se pudo demostrar que hayan sido realizados bajo amenazas o mediante algún mecanismo de coacción que permitiera encuadrarlos como una extorsión.
En ese sentido, tuvo particular relevancia la declaración de la directora ejecutiva del PAMI, Silvia Arolfo, quien sostuvo que los aportes realizados al partido habían sido de carácter voluntario.
De acuerdo con la resolución, tampoco surgieron elementos suficientes para sostener que esos pagos fueran exigidos como condición para conservar empleos, acceder a cargos o mantener contratos.
El caso Sakura
Otra de las líneas investigadas estuvo vinculada con la empresa de turismo Sakura, relacionada con Alfredo Moreno.
En este punto, la pesquisa determinó que únicamente se habían celebrado dos convenios entre el PAMI y la firma para la realización de viajes turísticos, dentro del marco reglamentario correspondiente.
Además, los allanamientos realizados en dependencias de ANSES y PAMI y en la sede de la empresa permitieron secuestrar teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento y registración de imágenes.
Sin embargo, las pericias sobre esos elementos no arrojaron información considerada de interés para acreditar la comisión de delitos.
De este modo, la Justicia tampoco encontró pruebas que permitieran vincular los convenios entre el organismo y Sakura con una maniobra delictiva.
Al disponer la desestimación y el archivo de la investigación, bajo las previsiones del artículo 181 del Código Procesal Penal de la Nación, Niremperger ordenó además la devolución de los bienes y dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos.
La decisión implica el cierre de esta arista específica de la investigación, aunque no afecta el avance de la causa principal que tiene a Rodríguez como imputado.
Sigue procesado
El archivo de la investigación por las presuntas extorsiones no significa que el dirigente libertario haya quedado desvinculado de todo proceso judicial.
Rodríguez continúa procesado sin prisión preventiva en la causa principal, donde se investigan presuntas afiliaciones apócrifas utilizadas para conformar el partido La Libertad Avanza en Chaco.
En ese expediente, la Justicia detectó al menos 65 fichas de afiliación con firmas presuntamente falsificadas. La investigación también apunta al supuesto uso indebido de datos provenientes de las bases de ANSES y PAMI para completar documentación partidaria.
Por esos hechos, Rodríguez fue procesado por falsedad ideológica de documentos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La causa principal también había puesto bajo la lupa a otros dirigentes del espacio, entre ellos Alfredo Moreno, quien fue mencionado por distintos testigos en relación con el armado de las fichas.
Así, mientras la Justicia Federal cerró la investigación específica por las presuntas extorsiones al considerar que no existió delito, el expediente por las afiliaciones irregulares continúa abierto y mantiene a Rodríguez procesado.
REVISTA LITIGIO
