La Oficina del Presidente Javier Milei celebró la sanción definitiva del Senado de la Nación al nuevo Régimen Penal Juvenil. A través de un comunicado oficial, el Gobierno nacional destacó que esta medida pone fin a más de 40 años de inacción legislativa, actualizando las leyes a la «realidad criminal del siglo XXI».
El principal cambio de la norma es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. De esta manera, los menores que cometan graves delitos en Argentina, tendrán que asumir la responsabilidad de sus actos ante la justicia.
«Delito de adulto, pena de adulto»: el mensaje del Presidente
El documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei, califica este cambio como un acto de justicia necesario para la sociedad argentina. El mandatario destacó la labor de los legisladores que priorizaron la seguridad de los ciudadanos y la protección de las víctimas por encima de otras cuestiones. Según el texto oficial, la reforma es una herramienta clave para terminar con la impunidad y el caos que afectó al país durante décadas.
En el comunicado, Milei fue tajante respecto a la responsabilidad de los jóvenes que delinquen. El texto afirma que “quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”. De esta manera, el Gobierno busca establecer que las acciones ilegales deben tener consecuencias reales para garantizar la paz social y el derecho a la vida.
Finalmente, el documento presidencial reafirma los principios de libertad y propiedad privada bajo el imperio de la ley. El mensaje concluye con una de las frases características de la gestión actual sobre el cumplimiento de las normas: “En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”. Con esta sanción, el oficialismo considera que se empieza a reconstruir el orden necesario para el funcionamiento del país.
Jefatura de Gabinete: fin a la «puerta giratoria»
Por su parte, la Jefatura de Gabinete también emitió un comunicado respaldando la transformación del sistema de responsabilidad penal para menores. En este documento se resalta que la Argentina concretó un cambio estructural que no se realizaba desde hace 46 años.
La Jefatura de Gabinete hizo especial hincapié en que esta ley es una respuesta directa para las familias de las víctimas que durante años no obtuvieron soluciones de parte del Estado. Al establecer que los menores de 14 años pueden ser imputados, el Gobierno busca terminar con un sistema que facilitaba la delincuencia juvenil. “Se pone fin a la denominada ‘puerta giratoria’ y se fija un principio claro: delito de adulto, pena de adulto”, señala el informe oficial.
Desde el área de Gabinete reforzaron la idea de que el orden público no es algo que el Gobierno esté dispuesto a negociar con los delincuentes. El texto finaliza con una advertencia directa sobre el cumplimiento del castigo para quienes rompan las leyes argentinas. La frase final del documento es contundente: “En la Argentina, el orden no se negocia: el que las hace, las paga”.
