Cinco policías chaqueños están a un paso de ser juzgados acusados de una brutal tortura contra un detenido en la comisaría de Miraflores. La víctima denunció golpes, descargas eléctricas y abusos sexuales, en un hecho perpetrado en junio de 2021. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos pidió elevar la causa a juicio. La Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña deberá resolver. El caso fue impulsado por el Comité contra la Tortura del Chaco.
La Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial en Derechos Humanos pidió formalmente la elevación a juicio oral de cinco efectivos policiales acusados de torturar a un detenido en la comisaría de Miraflores.
Los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2021 y la causa se inició a partir de una denuncia del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco. Los imputados enfrentan cargos por el delito de “Imposición de torturas”.
Los acusados son Sergio Paulino Frías, sargento ayudante; Hugo Hernán Escobar, comisario inspector; Orlando Medina, sargento primero; Héctor Fabián Gusmán, sargento ayudante; y Ricardo Saúl Duré, oficial auxiliar. Todos estaban en funciones al momento del hecho. La víctima, un hombre cuyas iniciales son W.G.A., se encontraba detenido en la celda 1 de la comisaría cuando fue sacado a la fuerza y sometido a vejámenes físicos y psicológicos por parte de los imputados.
De acuerdo con la acusación, A. se resistió a salir de su celda, aferrándose a los barrotes. En ese momento, el oficial Duré le habría propinado golpes de puño y con una linterna. Luego se habría utilizado una picana eléctrica para forzar su salida. Ya esposado, fue trasladado a una oficina donde, según la requisitoria, fue pateado, golpeado en la cabeza y en otras partes del cuerpo, y nuevamente torturado con descargas eléctricas en las costillas y zonas íntimas.
El comisario Escobar habría ordenado la introducción de un objeto de hierro en el ano de la víctima, acción que intentó ejecutar mientras otros efectivos lo sujetaban y continuaban aplicando violencia física. Mientras tanto, el sargento Frías filmaba los hechos con un celular. Posteriormente, las imágenes fueron utilizadas para amenazar a A. con mostrarlas a su familia si no revelaba el supuesto paradero de armas. Al finalizar las agresiones, A. perdió el conocimiento y debió ser trasladado al hospital con lesiones físicas graves y daños psicológicos permanentes.
Durante la investigación, los cinco policías se abstuvieron de declarar. No obstante, la Fiscalía reunió numerosas pruebas que sostienen la acusación: informes médicos y psicológicos que confirman las secuelas físicas y mentales sufridas por la víctima, declaraciones de otros detenidos que presenciaron lo ocurrido, registros oficiales que ubican a los imputados en la dependencia policial durante el hecho, y documentación aportada por el Comité contra la Tortura.
Abuso, humillación e intimidación
Entre los testimonios destacados figuran los de tres detenidos, quienes coincidieron en describir la violencia sufrida por A. y relataron las amenazas policiales para que no declararan en su contra. También se valoró el informe del Equipo Interdisciplinario de Castelli, que identificó signos de abuso, humillación e intimidación, así como las secuelas psicológicas resultantes. Estos elementos fueron interpretados a la luz del Protocolo de Estambul, que reconoce prácticas como la desnudez forzada y las agresiones sexuales como formas de tortura.
En su requerimiento de elevación a juicio, fechado el 12 de mayo pasado, la fiscal, Silvia Sluzar, considera que la participación de los acusados se encuadra en la figura de coautoría, al haber actuado de forma conjunta y coordinada en la ejecución del delito. El caso pone en foco la responsabilidad del Estado en la prevención, investigación y sanción de hechos de tortura, en cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros instrumentos internacionales incorporados con jerarquía constitucional.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal remarcó que los funcionarios públicos tienen un deber reforzado de garantizar la integridad física y mental de las personas bajo custodia, y que cualquier uso de la fuerza que exceda lo estrictamente necesario viola la dignidad humana. La causa quedó ahora en manos de la Cámara Criminal N°2, que deberá resolver si eleva el caso a juicio oral.
LITIGIO
