La presidenta mexicana resiste la presión de Donald Trump para combatir a las organizaciones narco con fuerzas estadounidenses, optando por una estrategia que evita el enfrentamiento directo y prioriza la estabilidad política
El presidente Trump no parece dejar de amenazar con atacar a los narcotraficantes mexicanos. Ha presionado repetidamente para que se desplieguen tropas estadounidenses en México para “eliminar a los cárteles” que contrabandean fentanilo y otras drogas a través de la frontera. Pero tiene un problema: la presidenta Claudia Sheinbaum se niega.
“Es una buena mujer”, declaró Trump a Fox News el mes pasado, dejando claro que no la equiparaba con Nicolás Maduro, el líder venezolano capturado por las fuerzas estadounidenses y que ahora se encuentra en Nueva York enfrentando cargos por narcotráfico. La indecisión de Sheinbaum, afirmó, se debe al miedo más que a la complicidad. “Le tiene mucho miedo a los cárteles”, dijo. “Ella no gobierna México. Los cárteles gobiernan México”.
Los cárteles mexicanos son, sin duda, muy peligrosos, pero Trump parece pasar por alto lo que convierte a las redes del crimen organizado del país en una amenaza tan persistente. En 12 años cubriendo México como periodista, he aprendido que la fuerza por sí sola no puede acabar con los cárteles. El problema no es solo que los grupos narcotraficantes ataquen al Estado. Es que a menudo forman parte de él. Al igual que otros partidos políticos en México, Morena, el partido de Sheinbaum, tiene varios miembros de alto perfil que enfrentan serias acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Combatir a los cárteles no solo implica enfrentarse a los narcotraficantes. Para Sheinbaum, podría significar desmantelar los cimientos del poder local en México y confrontar a miembros de su propia coalición.
Con la supervivencia política de Sheinbaum en juego, es poco probable que libre la guerra total que exige Trump. Carece del férreo control sobre Morena que ejerció su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, quien fundó el partido y se hizo enormemente popular gracias a su estilo campestre y sus amplios programas de bienestar social. Morena está ahora dividida en facciones aliadas con Sheinbaum y AMLO —quien está nominalmente retirado, pero aún ejerce una enorme influencia dentro del partido—, separadas menos por la ideología que por la lealtad personal. Actuar con mayor firmeza contra los políticos corruptos podría enfrentarla a funcionarios del partido que podrían socavarla y debilitar a Morena de cara a las elecciones intermedias del próximo año.
Los políticos estadounidenses han fracasado sistemáticamente en comprender la naturaleza política del negocio del narcotráfico en México. Condicionados por programas como “Narcos: México”, muchos estadounidenses imaginan un puñado de cárteles liderados por capos pintorescos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, que desafían al gobierno con sus sangrientas hazañas. De hecho, existe evidencia que indica estrechos vínculos entre los cárteles de la droga y las autoridades mexicanas que se remontan a más de un siglo. Bajo el sistema de partido único que gobernó México durante 71 años, los gobiernos locales y estatales protegían rutinariamente a sus delincuentes favoritos y encarcelaban a narcotraficantes rivales a cambio de dinero, según el historiador Benjamin T. Smith. Para la década de 1970, las agencias de la policía federal se habían hecho cargo de muchas de estas redes de protección.
Dicha colusión no terminó con la transición a la democracia en México en el año 2000, ni cuando el estado comenzó a librar la llamada guerra contra las drogas en 2006; de hecho, las fronteras se difuminaron. Muchos de los grandes cárteles, como Los Zetas y La Familia Michoacana, se fragmentaron tras la muerte o captura de sus líderes. Los jefes criminales actuales se parecen menos a capos de alto rango y más a señores feudales que dominan territorios donde no solo trafican drogas, sino que también extorsionan a comercios locales, roban petróleo y trafican migrantes. Algunas de sus relaciones más importantes han involucrado a alcaldes y gobernadores, algunos de los cuales pertenecen a Morena, que no es necesariamente un grupo corrupto excepcional, sino simplemente la fuerza política dominante de México.
Para vislumbrar cómo funcionan estas redes de protección, basta con mirar a Tabasco, el estado natal de AMLO. Allí, Hernán Bermúdez Requena, un político de cabello ondulado y licenciado en derecho, se desempeñó como el principal funcionario de seguridad del estado hasta 2024, al mismo tiempo que, según documentos de inteligencia militar, ayudaba en secreto a dirigir un grupo criminal local llamado La Barredora. Bermúdez, quien presuntamente huyó del país poco después de renunciar a su cargo, fue arrestado en Paraguay el otoño pasado y enfrenta cargos en México por asociación delictiva, extorsión y secuestro. (Ha declarado que los cargos constituyen persecución política).
Aún más alarmante es la identidad del patrocinador político de Bermúdez: Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco. López, amigo cercano de AMLO y actualmente senador de Morena, nombró a Bermúdez para el cargo en 2019. Bermúdez ha dicho que no tenía ni idea de que uno de sus colaboradores más cercanos supuestamente estuviera en complicidad con delincuentes, una afirmación que ha generado un gran escepticismo, incluso dentro de Morena.
En otras regiones, los cárteles se han vuelto lo suficientemente poderosos como para someter a las autoridades, amenazándolas de muerte si se resisten. Un alcalde que sí se enfrentó al crimen organizado, Carlos Manzo, fue asesinado en noviembre, lo que desató una protesta nacional. Ya no es inusual que los criminales luchen abiertamente para instalar a sus propios funcionarios. Antes de las elecciones nacionales de 2024, alrededor de 30 candidatos locales fueron asesinados y cientos más abandonaron la contienda bajo la presión de los grupos criminales.
¿Dónde deja esto a Sheinbaum? En apariencia, ha adoptado un enfoque más duro en la lucha contra el crimen que AMLO, primero como alcalde de la Ciudad de México y ahora como presidente. Ante las amenazas arancelarias de Trump, ha enviado miles de tropas a la frontera con Estados Unidos para interceptar drogas y migrantes, y ha transferido a 92 presuntos líderes de cárteles de prisiones mexicanas a Estados Unidos. Su gobierno se jacta de decenas de miles de arrestos criminales y una tasa de homicidios en descenso. En noviembre de 2024, las autoridades incluso arrestaron a un alcalde de Morena en el Estado de México, acusado de colaborar con La Familia Michoacana.
Pero su empuje tiene sus límites. Si bien el gobierno de Sheinbaum ha insistido en un compromiso de “impunidad cero”, habla poco sobre las estructuras políticas que asisten a las organizaciones criminales. Esto podría reflejar no solo sus preocupaciones políticas personales, sino también su conciencia de la rapidez con la que podría estallar el caos en gran parte del país. La destrucción de las redes de protección oficiales mediante la eliminación de políticos y policías corruptos ha provocado a menudo estallidos de sangre, a medida que los grupos criminales avanzan para atacar a sus competidores ahora vulnerables. Con cientos de miles de muertos o desaparecidos en dos décadas de guerra contra las drogas, los mexicanos no están dispuestos a un aumento de la violencia.
En los últimos años, figuras dentro y fuera de Morena han propuesto un proceso de justicia transicional, que utilizaría tribunales y comisiones de la verdad para desmantelar y exigir responsabilidades a las redes de protección de México. Dicho proceso podría tener un enorme costo político para Morena. Nuevas revelaciones de irregularidades podrían incluso socavar la legitimidad del partido, que se presenta como un movimiento de justicia social que ha roto con la corrupción del pasado.
Sheinbaum podría no temer personalmente a los cárteles; después de todo, ha seguido recorriendo el país, asistiendo a mítines y eventos al aire libre. Pero bien podría ser cautelosa al enfrentarse a un sistema de colusión con el crimen organizado, especialmente cuando su control sobre Morena, un partido dividido por facciones, es inestable. Con Trump pisándole los talones, podría verse cada vez más atrapada entre una superpotencia que exige una cruzada y una maquinaria política que sobrevive gracias al statu quo.
Sheridan es periodista especializada en Latinoamérica. Escribió desde la Ciudad de México.
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